agrodiariohuelva.es|martes, noviembre 21, 2017
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Derechos fundamentales vulnerados por el Plan Director de Parques Nacionales 

pilar-martinezPilar Martínez || Letrada especializada en legislación ambiental

El nuevo Plan Director de la Red de Parques Nacionales aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre es el instrumento normativo que fija las directrices que han de contener los Planes de Uso y Gestión de cada uno de los parques nacionales, entre ellos el de Doñana que, con una extensión de 54.251 hectáreas se halla integrado en el Espacio Natural del mismo nombre, que supera las 128.385 hectáreas.

Declarado como Parque Nacional en 1969, este espacio cuenta con un Plan de Uso y Gestión (PRUG) que establece las limitaciones, restricciones y prohibiciones que se imponen en este territorio y en su área de influencia socioeconómica y que ahora deberá adaptarse a las directrices de la nueva normativa en el plazo de dos años.

El nuevo Plan Director debería haber respondido a alguna de las preocupaciones de los propietarios privados afectados en Doñana en torno a cuestiones clave sobre la vulneración generalizada de derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica o a la defensa; pero también al derecho a la propiedad; a la libertad de empresa o a ser resarcidos por la privación de bienes y derechos que estas figuras imponen para el territorio y sus habitantes.

Lamentablemente, nos encontramos, una vez más, con un instrumento duro y exigente en lo que a restricciones y limitaciones de bienes y derechos particulares se refiere.

Solo por el hecho de la declaración de un parque nacional, surgen a favor de la Administración derechos de tanteo y retracto en todas las transacciones que, a título lucrativo, se hagan de las fincas que estén dentro del mismo. En zona de uso restringido se limita el acceso solo a fines científicos y de salvamento, proponiendo su adquisición forzosa si no hay acuerdo. En zona restringida, se contempla el acceso público solo con autorización, así como la prohibición de nuevas instalaciones permanentes y la habilitación de nuevos caminos para vehículos. Y solo en zona de uso moderado se permiten las actividades agropecuarias, siempre que no resulten contradictorias con criterios de conservación.

Estos son solo algunos ejemplos de las limitaciones que contempla esta norma, que se puede calificar de absolutamente intervencionista y expropiadora de derechos privados.

Además, la ambigüedad del decreto en lo que se refiere a los requisitos para la elaboración y adaptación de los pertinentes Planes de Uso y Gestión dificulta la defensa de los afectados, perpetuando la situación de indefensión que, con demasiada frecuencia, da lugar a la nulidad de estos instrumentos, por falta, por ejemplo, de identificación con georreferencia de las zonas o de memoria económica de las medidas propuestas.

En este punto, hay que recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara respecto a la necesidad de incluir partidas presupuestarias específicas para hacer frente a las necesarias indemnizaciones y compensaciones por las limitaciones de derechos y bienes patrimoniales.

¿Se piensa tener en cuenta en el caso de la adaptación del PRUG de Doñana?

http://www.pilarmartinezabogados.com/

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