agrodiariohuelva.es|Lunes, Marzo 27, 2017
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UPA denuncia que la Comisión de Agricultura de la UE prima los intereses de importadores e industria sobre el de productores de cítricos 

citricos ecológicos

El sector citrícola andaluz produce unos 2 millones de toneladas sobre unas 85.000 hectáreas de las que depende el abastecimiento de los consumidores, el desarrollo económico, el empleo, el mantenimiento del paisaje, el medioambiente, la continuidad de la industria asociada y de la actividad exportadora. Es, por lo tanto sin lugar a dudas, un sector estratégico para Andalucía.

A finales de enero, la Comisión Europea de Agricultura presentó a los Estados miembros su nuevo proyecto de modificación “de sanidad vegetal” en el que desistió de incluir medidas eficaces para evitar la propagación de nuevas plagas que amenazan a las plantaciones citrícolas  europeas a través de las importaciones desde terceros países.

Después de meses de debate, en los que el sector, las administraciones de los países productores y el propio Parlamento Europeo pedían que el principio de precaución y la seguridad fitosanitaria de las plantaciones citrícolas europeas prevalecieran sobre los intereses comerciales, “Bruselas ha decidido decantarse por los intereses de los importadores y la industria del norte de Europa”, señala UPA.

En la reunión del Comité Permanente de Sanidad Vegetal, del pasado 27/01/2017, la Comisión defendió ante los Estados miembros, un modelo de medidas, en el que la elección de las condiciones fitosanitarias de importación a la UE, y los tratamientos cuarentenarios que deben ser aplicados, “corresponde a los propios exportadores, evidentemente mucho más preocupados de hacer negocio que por la pervivencia de la producción comunitaria” denuncia la organización agraria española.

“Un modelo que da la espalda totalmente a las peticiones que los representantes del sector citrícola habían reclamado unánime y reiteradamente a la Comisión, para evitar que plagas procedentes de terceros países lleguen al continente y pongan en peligro nuestras plantaciones. Lamentablemente, la iniciativa contó con una mayoría suficiente de Estados del Centro y Norte de Europa, no productores”, añade.

UPA apunta que “además de la cuestión de fondo y del varapalo que esta medida supondría para la seguridad fitosanitaria, los representantes del sector citrícola denunciamos la forma en que ha tomado la iniciativa la Comisión -que constituye un claro ejemplo de falta de responsabilidad y de alejamiento de los intereses que esta institución debería defender- y seguiremos peleando para evitar que la misma llegue a consumarse”.

Al proponer este proyecto, “la Comisión ha ninguneado” no solo a los países productores sino al propio Parlamento Europeo. En efecto, el pasado diciembre, el Parlamento Europeo suscribió una resolución histórica en la que se oponía claramente y por amplísima mayoría, al mencionado proyecto por considerarlo absolutamente insuficiente y contrario a las recomendaciones de la EFSA.

La irresponsabilidad de la actuación de la Comisión y de los países no productores es especialmente grave, “porque se produce al tiempo que plagas como la Xyllella están ocasionando daños gravísimos e irreparables en el sector agrario europeo. Se produce, además, tras el acuerdo político que alcanzaron el Parlamento Europeo y el Consejo, en 2015, a favor del refuerzo de la protección fitosanitaria de la UE frente al riesgo de contagio de plagas desde países terceros”.

En concreto, entre las disposiciones aprobadas  el viernes se encuentran, por una parte, en cuanto a las enfermedades de la ‘mancha Negra’  y el ‘cancro de los cítricos’, el mantenimiento de la posibilidad de que el producto importado a la Unión desde países contaminados, teóricamente destinado a la fabricación de zumo, entre en Europa con menores cautelas y control que las exigidas para el producto para mesa. “Un canal paralelo que no impide que esos cítricos, una vez dentro de la UE, puedan acabar en el mercado en fresco generando un peligro inasumible”, indica UPA.

Por otra parte, “se deja a decisión del país exportador contaminado la decisión sobre el tratamiento necesario para evitar propagar su enfermedad, en vez de obligarle a aplicar un método de eficacia equivalente objetivamente probada y avalada por la EFSA, como pedía el Parlamento Europeo, termina UPA.

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