agrodiariohuelva.es|Jueves, Agosto 24, 2017
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UPA pide acabar con los “apaños” y propone un cambio global en la regulación del sector lácteo 

vacuno

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha propuesto un cambio en la legislación que regula la producción de leche y las relaciones entre los operadores en la cadena láctea, desde las granjas hasta el consumidor. UPA cree que la legislación láctea debe abordar la relación no sólo entre los ganaderos y los llamados “primeros compradores”, sino entre todos los eslabones, para evitar abusos y buscar “justicia” en la cadena comercial.

“No sólo hablamos del Real Decreto 1363/2012 –cuya modificación prepara el Ministerio de Agricultura- sino de la Ley de la cadena alimentaria”, ha explicado el secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, “está claro que el funcionamiento del sector lácteo debe estar regulado con inteligencia y valentía para evitar la desaparición de los ganaderos”, ha afirmado.

UPA apuesta por la existencia de organizaciones de productores “grandes y potentes” que den poder a los ganaderos a la hora de comercializar su leche. También creen que el modelo de compraventa de leche homologado debe implantarse de forma masiva ya que es “el más justo y el mejor”.

“El contrato es muy importante”, ha aseverado Santalla, “pero también lo es que se fomente un cambio de mentalidad en el sector para que exista una negociación colectiva real, y no un contrato que se firme bajo amenazas o coacciones por parte de los agentes más poderosos”.

UPA también ha propuesto un cambio en la Ley para que en momentos de excedentes de leche sean las organizaciones interprofesionales –que aglutinan a toda la cadena- y las de productores –en las que se organizan los ganaderos- las que acuerden retiradas de producto que eviten crisis en el sector.

La Política Agraria Común tampoco debe, en opinión de la Unión de Pequeños Agricultores, “mirar para otro lado” a la hora de regular el funcionamiento del sector lácteo, uno de los más sensibles a las fluctuaciones del mercado y a posibles prácticas que “deben ser ilegales” como el dumping comercial que produce inundaciones de leche del mercado español por parte de otros Estados Miembros.

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