agrodiariohuelva.es|jueves, septiembre 21, 2017
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COAG insiste al Gobierno que defienda en Bruselas la prohibición de las aceiteras rellenables 

Ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), COAG pide al Ministerio de Agricultura que tome la iniciativa para que se retome en Bruselas el proyecto de reglamento para prohibir el uso de aceiteras rellenables en los establecimientos de hostelería.

Esta organización agraria recuerda que fue precisamente el Reino Unido quien, junto a algunos países del norte de Europa, se opuso a este plan de la Comisión Europea, que contaba incluso con el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio. En cambio, los principales países productores (España, Italia, Grecia y Portugal) respaldaban la medida y de hecho la aplican en su territorio.

Por eso, COAG pide al departamento que dirige Isabel García Tejerina que tome la iniciativa y vuelva a plantear en Bruselas que se ponga en marcha esta medida en toda la UE.  De ese modo, se dotaría al sector del aceite de oliva de un mecanismo que permite salvaguardar la calidad y seguridad alimentaria, garantizando que el producto que llega al consumidor es el que indica la etiqueta.

El responsable de olivar de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, subraya que con esta normativa “el consumidor tendrá la certeza de que el aceite que les están sirviendo en restaurantes, bares y cafeterías se corresponde con la etiqueta de los envases”.

Esta medida favorecería pues, en primer lugar, al consumidor, que dispondría en todo momento de la información sobre lo que está consumiendo, para poder elegir con conocimiento, y tendría garantía de que el aceite llega con todas sus propiedades nutricionales y saludables intactas.

La prohibición de rellenar los envases también beneficia a los productores, porque apoya la lucha del sector por la calidad, previniendo los fraudes, y contribuyendo a la búsqueda del valor añadido.

Por otra parte, COAG pide al Ministerio de Agricultura que aplique un mayor celo al cumplimiento de esta medida, vigente en España desde enero de 2014, ya que actualmente sigue habiendo establecimientos que no la aplican con el rigor necesario.

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