agrodiariohuelva.es|martes, octubre 17, 2017
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Aprobadas las bases que regulan la concesión de ayudas a entidades representativas del sector pesquero para el fomento del asociacionismo 

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo, a entidades asociativas representativas del sector pesquero, que sustituyen a las aprobadas en 2013.

Estas entidades asociativas vienen participando en órganos consultivos de la Unión Europea, de instituciones internacionales y de la Administración General del Estado, en especial del MAPAMA, como interlocutores institucionales de un diálogo permanente, necesario para configurar una política pesquera y una planificación general de la economía en beneficio del interés general.

Con la aprobación de estas bases reguladoras, el Gobierno busca favorecer la constante interlocución con estas entidades asociativas, así como la realización de actividades específicas de interés para el sector pesquero.

Para ello, además de establecer como beneficiarios de las subvenciones a entidades asociativas representativas del sector extractivo de pesca costera artesanal, del sector pesquero empresarial extractivo, del sector transformador y del comercial de productos de la pesca, se integra también a entidades jurídicas dedicadas al fomento de la investigación industrial, el desarrollo tecnológico y de proyectos de I+D+i en el sector pesquero.

También se incluye a las entidades asociativas de ámbito nacional que defienden los intereses económicos y profesionales de las mujeres que trabajan en el sector pesquero. Con ello se da respuesta al Principio de Igualdad de Trato y Oportunidades que establece la Ley de Pesca Marítima del Estado, además de impulsar la presencia de las mujeres en las bases asociativas del sector pesquero y acuícola, y reforzar su participación en los órganos consultivos y ejecutivos del sector.

De igual forma, estas bases reguladoras se han adaptado a las modificaciones introducidas por la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, en lo que se refiere a las relaciones de los ciudadanos con la Administración a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

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