agrodiariohuelva.es|martes, febrero 20, 2018
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UPA Huelva exige al Gobierno central que se refuercen las dotaciones de la Guardia Civil en el campo onubense 

Los episodios de robos siguen poniendo en jaque al campo onubense. Por un lado, desde el inicio de la campaña de berries se vienen produciendo robos por bandas organizadas en Lucena del Puerto y, por otro, una actuación de la Guardia Civil ha intervenido un total de 2.700 kilos de cítricos derivados de hurtos en explotaciones agrícolas de Lepe. “Todo ello pone de manifiesto la necesidad de contar con unidades de vigilancia permanente y suficiente dedicadas a la vigilancia del campo onubense”, demandan desde la organizacion agraria UPA Huelva.

En el caso de Lucena del Puerto el problema es especialmente preocupante, dado que se trata de una banda organizada (de entre 10 y 20 personas) que todavía no ha podido desmantelarse y que vienen robando de 500 a 600 Kg por jornada desde que empezó la campaña.

Por otra parte, el robo no se queda en el fruto rojo, sino que se extiende a maquinaria como bombas de riego y utensilios, por lo que el destrozo al productor y la pérdida económica es muy importante, dado que no solo se pierde mercancía, sino que se ralentiza la recolección en un momento vital de la campaña.

El caso de la mercancía incautada en Lepe, “actuación que aplaudimos desde nuestra organización, es un claro ejemplo de la necesidad de mayor presencia de la Guardia Civil, dado que una respuesta rápida ante una denuncia de un agricultor, ha derivado en la detención de los ladrones y la recuperación de la mercancía. A tenor del contraste que esto tiene con la situación de Lucena del Puerto, se hace patente como venimos demandando desde UPA-Huelva al Gobierno Central desde hace más de dos años, la necesidad de más efectivos distribuidos en diferentes zonas del campo onubense”.

Hay que destacar que, en ambos casos y para cualquier situación similar, “la necesidad de una rápida asistencia de los Cuerpos de Seguridad del Estado es fundamental, dado que se están dando casos en el que el agricultor se ve en serio peligro si intenta impedir el robo o denunciarlo, como ha ocurrido ya en el caso de Lucena del Puerto”, denuncian desde UPA Huelva.

Además de la maquinaria o el fruto, hay que recordar el robo de cables de cobre que se produjo en las estaciones de bombeo de las comunidades de regantes a finales del 2017. Esto provoca una “situación de indefensión” que UPA-Huelva viene denunciando desde hace ya varios años y que, a tenor de los datos,  el Gobierno Central no acaba de solucionar.

UPA-Huelva lleva ya varias campañas denunciando la situación. “A los que hoy se denuncian hay que sumar los ya ocurridos que se han mencionado y los producidos en el sector de la aceituna, por lo que nuestra organización ya solicitó durante el año pasado una reunión a la Subdelegación del Gobierno en Huelva para trasladar el problema”.

Desde UPA-Huelva se solicitó a este organismo la presencia continua de una unidad del Grupo ROCA de la Guardia Civil, petición que “seguimos a la espera que se cumpla y que seguiremos demandando a la Subdelegación hasta que no cese la ola de robos. Queremos demandar que se tomen cartas en el asunto y que se intensifique la presencia de más agentes en el campo onubense, y que se doten de más medios humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para un mayor control de estos delitos”.

Desde UPA-Huelva, añaden que “queremos además hacer extensiva las recomendaciones de la Guardia Civil y cuando se observe a personas con actitud sospechosa merodeando por fincas agrícolas o ganaderas lo pongan en conocimiento de la Central Operativa de Servicios 062 desde donde se coordinarán a las patrullas para las comprobaciones oportunas”.

No comprar productos robados

Además, desde UPA-Huelva, “queremos aprovechar la ocasión para instar a los  consumidores y consumidoras a que no compren productos robados ni en establecimientos que no tengan los permisos adecuados. Con estas acciones solo se fomenta la salida de estos productos adquiridos ilegalmente, hacen un daño a la economía de nuestra provincia, a los esfuerzos de los productores y productoras y adquieren productos que no pasan por los controles necesarios para su consumo, pudiendo esto generar problemas de seguridad alimentaria que luego no podrían reclamarse ante ninguna administración competente en la materia”, concluyen.

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