La Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha organizado un proceso participativo sobre su propuesta de ‘Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano’, que se ha desarrollado a lo largo de los meses de junio a septiembre de 2018.

Las entidades participantes en este proceso han elaborado un documento con sus conclusiones, que han entregado a José Fiscal, consejero de Medio Ambiente, en el transcurso de una reunión en la que han estado también presentes la Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático, Pilar Navarro, e Inmaculada Cuenca, Directora General de Infraestructuras y Explotación del Agua.

En la sede sevillana de la Fundación Savia, las entidades firmantes, entre las que se encuentra también AEOPAS -Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento-, FACUA, Comisiones Obreras, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, y Ecovalia, han hecho balance de su actividad participativa y la han plasmado en un documento que recoge su compromiso para desarrollar diez puntos rectores en la redacción del futuro reglamento autonómico sobre uso urbano del agua.

En opinión de Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, “el resultado de este trabajo participativo es un documento punta de lanza en lo que debe ser la gestión integral del agua”. Algo que ha corroborado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, admitiendo que “compartimos en su mayoría el contenido del documento y, sobre todo, la cuestión de que la gestión del agua debe realizarse desde lo público, un modelo que vamos a seguir defendiendo. Para nosotros el agua es un sector estratégico: como la sanidad o la educación, porque es un derecho humano que hay que garantizar”. También ha añadido que “será muy difícil que este trabajo no se tenga en cuenta, venga quien venga al gobierno andaluz después de las elecciones autonómicas, porque el reglamento ya está tardando más de la cuenta en aprobarse”.

Esta reivindicación, impulsada por la Fundación Savia, del agua como un bien público que debe ser gestionado por la administración es, de hecho, el primero de los puntos incluidos en este decálogo para la elaboración de un reglamento andaluz sobre el ciclo del agua. Así, en opinión de las entidades firmantes del documento que ha recogido José Fiscal, debe quedar excluida la gestión orientada a la obtención de lucro. Y, para los casos en que las administraciones presten el servicio indirectamente, el reglamento debe garantizar que las entidades instrumentales no modifiquen las competencias y responsabilidades de la administración local, que debe seguir asegurando los derechos y deberes de la ciudadanía.

El documento desarrolla diez puntos rectores en la redacción del futuro reglamento autonómico sobre uso urbano del agua.

Otro de los aspectos destacables que se han incluido en el documento es la relevancia de los modelos de producción sostenibles, y en particular del modelo de producción agrícola y ganadero ecológico, como sistema que da respuestas a algunos de los principales problemas que afectan a la salud de los ecosistemas acuáticos, de los que dependen los abastecimientos hídricos. En este sentido, Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, ha afirmado que “la implantación de los sistemas productivos ecológicos, en zonas claves para la calidad del agua, como las cabeceras de los pantanos, tendría un efecto preventivo ante potenciales contaminaciones y vertidos nocivos, con efectos catastróficos para la salud humana y ambiental”. Asimismo, el máximo responsable de esta asociación para el fomento del consumo responsable y la producción ecológica ha afirmado que “no debemos centrarnos sólo en el uso municipal del agua, puesto que los recursos hídricos se desarrollan en un ciclo integral. Y la actividad que implementen los agricultores con el agua va a tener implicaciones en la calidad del recurso que llega a las ciudades y que abastece también los ecosistemas silvestres”.

Principios que deben inspirar el Reglamento

En opinión de las organizaciones que han firmado el documento que han entregado al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el nuevo Reglamento andaluz de ciclo urbano del agua se debe basar, con claridad y de manera explícita, además, en los siguientes principios, expuestos en la reunión por Leandro del Moral, de la Fundación Nueva Cultura del Agua:

• Principio de planificación. La planificación es necesaria para prever, seleccionar y ordenar en el tiempo las inversiones regulares, las situaciones de sequía, la prevención de los impactos futuros del cambio climático, etc. La planificación debe de ser participada.
• Transparencia, información, rendición de cuentas, acceso a la justicia y participación en los procesos de decisión.
• Introducción del enfoque de gestión de riesgo como se ha incluido en la nueva Directiva europea de aguas potables (prevención y protección de las fuentes, estrategias proactivas). Los costes ambientales se deben incorporar en los estudios de costes.
• Principio de mejor conocimiento científico y tecnología disponible. Lo que remite a innovaciones organizativas, de gestión y tecnológicas.
• Principio de economía circular: reutilización, aguas grises, drenaje sostenible, y todas las actuaciones que reducen el impacto ambiental de los servicios.

Una idea central a lo largo de todo el proceso ha sido que las administraciones locales son responsables o garantes de la prestación del servicio y, en consecuencia, deben tener un protagonismo, como elementos clave, en el futuro reglamento. En muchos municipios andaluces no hay ningún “ente suministrador” distinto al propio Ayuntamiento. Sin embargo, una buena parte de los servicios del ciclo integral del agua se prestan a través de entidades distintas a la administración local. De hecho, Andalucía cuenta con 778 municipios, de los cuales – según datos de 2016- el 74,84% gestiona el servicio urbano de agua, directa o indirectamente, a través de la opción pública, ya sea a través del Ayuntamiento o de una empresa pública. El 25,16% restante gestiona el servicio mediante la opción privada; bien mediante empresa privada (13,49%) o empresa mixta (11,67%). No obstante, se trata casi siempre de poblaciones mayores, por lo que estas empresas dan servicio al 44,57% de la población andaluza. Las empresas con mayor presencia en la parte privada de la industria en el territorio andaluz son: Aqualia (57%), AGBAR (26,36%) y Acciona (2,55%) (AEOPAS y Universidad de Granada, 2017).

En opinión de la Fundación Savia, para estos supuestos el futuro reglamento deberá garantizar que estas entidades instrumentales no modifican las competencias y responsabilidades de la Administración Local, que debe seguir asegurando los derechos y deberes de la ciudadanía independientemente de la forma de prestación del servicio. Las relaciones del ciudadano/usuario con estas entidades prestadoras de servicios deben ser meramente funcionales, sin que afecten a las competencias y regulaciones de derechos y deberes, que debe seguir recayendo en la Administración Local.

Como ha reconocido en la reunión Javier Morell, representante de AEOPAS, “no se trata de demonizar el papel de la empresa privada en nuestra economía y sociedad. Pero sí hay que reconocer que está ocupando en este asunto, y sin control, un espacio público”. A este respecto, según ha manifestado Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, “hay que entender que el agua es un bien esencial, imprescindible e insustituible, que, además, se gestiona en régimen de monopolio físico, que es un derecho humano y que la responsabilidad inalienable de la prestación del servicio recae en la administración”.

Los firmantes presentan estos puntos rectores con la intención de que, tras el proceso electoral, se pueda llegar a un desarrollo inmediato del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía. El documento pretende hacer llegar también a los partidos políticos los aspectos fundamentales que, según los firmantes, son prioritarios para una mejora de la gestión del agua en Andalucía, que atienda y responda a las demandas de la sociedad. Para los firmantes, el Reglamento debe contribuir a reforzar un nuevo modelo de gestión público, eficaz, trasparente y sostenible.