Asaja, COAG y UPA acudirán el próximo martes, 23 de febrero, a la reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con una petición innegociable: la retirada inmediata de la Orden Ministerial de Transición Ecológica por la que se incluye al lobo en el en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y deja de ser especie cinegética en toda España. A partir de ahí, las organizaciones agrarias muestran su total disposición para trabaja con el ministerio en medidas que permitan la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre.

Asaja, COAG y UPA sostienen que la Orden Ministerial que Transición Ecológica pretende poner en marcha «es de todo punto inaceptable y carece de la necesaria legitimidad para salir delante. No hay más que recordar las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decide prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las Comunidades Autónomas donde el lobo tiene su principal implantación».

La Orden elaborada por el ministerio de Teresa Ribera se basa en un censo de población de lobos de 2012-2014 que no refleja la situación actual y en el llamado informe ASCEL, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo. Ignora criterios científicos y objetivos y carece del necesario consenso de las partes afectadas (Comunidad Autónomas donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima de los ataques). A fecha de hoy, esta orden «ni siquiera cuenta con el plácet de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas».

En opinión de las organizaciones agrarias la única forma de solucionar este disparate normativo «es que el ministerio retire la polémica orden y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el Lobo que incluya un diagnostico real y certero de la situación del lobo y la ganadería; medidas de gestión y control de la especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con los seguros agrarios que suscriben los productores».

Asimismo, añaden que «entendemos que para blindar el estatus legal del lobo lo más lógico sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración). Según los datos que manejamos las organizaciones agrarias, el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia. Y prueba de ello es que los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente pasando de más de 10.000 ataques de lobos registrados en 2019 a cerca de 15.000 en 2020. Con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros».