
Un agricultor con un tractor trabajando en en un campo de viñas.

Un agricultor con un tractor trabajando en en un campo de viñas.
COAG Andalucía ha presentado a los partidos que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo un paquete de propuestas estratégicas para el campo andaluz, con el objetivo de que sean incorporadas a sus programas de gobierno. En el centro de todas ellas, un principio irrenunciable: la defensa del modelo de agricultura y ganadería profesional como eje vertebrador de la economía, el empleo y la vida rural de Andalucía.
«Somos un tercio de la agricultura nacional. Andalucía representa el 39% de las exportaciones de su economía y sostiene el 70% del empleo rural. Aquí no hablamos de paisaje ni de tradición: hablamos de un sector estratégico, moderno y profesional que necesita políticas a su altura», ha subrayado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila.
COAG Andalucía exige un marco normativo propio que reconozca la singularidad del campo andaluz y lo defienda con medidas concretas que lleguen a cada explotación y den esperanza a quienes trabajan la tierra.
El primer frente es el de la tierra misma. Las tierras productivas que nos hacen potencia agrícola están amenazadas por fondos de inversión que pretenden reconvertirlas en parques de energías renovables. Este modelo acaba con la capacidad productiva de Andalucía, destruye empleo, vacía pueblos y pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria. Las Zonas de Especial Protección Agraria deben convertirse en un escudo legal real frente a esta amenaza. Las tierras fértiles de Andalucía son un patrimonio de todos los andaluces, y como tal hay que defenderlas.
El segundo frente es el relevo generacional, hoy una auténtica emergencia. La edad media de los agricultores andaluces supera los 62 años y, si no se revierte la tendencia, en menos de una década el 70% de los actuales agricultores estará jubilado o en edad de jubilación. Hoy, apenas uno de cada veintidós productores tiene menos de 35 años. Sin jóvenes en el campo no hay futuro para la agricultura, ni para los pueblos que viven de ella. COAG Andalucía reclama incentivos reales —acceso a tierra, financiación, formación y condiciones dignas— para que la agricultura vuelva a ser una opción de vida con futuro.
La Ley debe también impulsar la modernización de las explotaciones: apoyar a agricultores y ganaderos para mejorar su eficiencia y su competitividad en los mercados. La innovación tecnológica, la digitalización y la sostenibilidad no son opcionales: son la diferencia entre sobrevivir y liderar.
Y junto a ello, un equilibrio JUSTO en la cadena alimentaria. El agricultor no puede seguir siendo el eslabón más débil. Es imprescindible un reparto equitativo del valor entre productores, industria y distribución, con garantías legales que pongan fin a la venta por debajo del coste de producción. Quien trabaja la tierra tiene que poder vivir dignamente de su trabajo.
Completan este pilar la simplificación administrativa y una mayor participación del sector en el diseño de las políticas que le afectan.
El Guadalquivir es la columna vertebral de Andalucía. De su cuenca depende la mayor parte de la superficie agrícola de la comunidad, miles de explotaciones y el sustento de municipios enteros. No es solo un río: es la infraestructura natural sobre la que se asienta el modelo productivo andaluz. Y, sin embargo, su planificación se decide en Madrid, sin que Andalucía tenga una voz determinante en el proceso.
“COAG Andalucía es consciente de que la gestión de la cuenca del Guadalquivir es competencia del Estado -señala Juan Luis Ávila-. Pero que la Junta no tenga competencias directas sobre el río no puede significar que Andalucía sea un mero espectador de las decisiones que condicionan su agricultura. Una comunidad que concentra el 39% de las exportaciones agroalimentarias nacionales y que tiene en la agricultura la base de su economía rural no puede quedar al margen de los planes hidrológicos que afectan a sus campos”.
En este sentido, la posición de COAG Andalucía es clara: hay que poner en marcha un Plan Estratégico del Guadalquivir porque la política del agua tiene que servir al modelo productivo, a la soberanía alimentaria y al futuro de los pueblos que viven del campo.
Asimismo, la organización propone modificar la Ley de Aguas en el ámbito intracomunitario, para que garantice el acceso al riego de forma sostenible y equitativa, impulsando la reutilización de aguas regeneradas, la creación de Bancos Públicos del Agua, las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, la recarga artificial de acuíferos y un sistema tarifario basado en el consumo real.
«Necesitamos una nueva ley de agua para las cuencas intracomunitarias. Pero también necesitamos que la Junta de Andalucía se siente en la mesa del Guadalquivir con la autoridad que le da ser la comunidad que más depende de ese río. No podemos tener competencias en agricultura y resignarnos a no influir en cómo se gestiona el agua que la hace posible», ha subrayado Ávila.
Andalucía recibe más de 36 millones de visitantes al año. Cada uno de ellos puede ser un embajador de nuestros productos. Por ello, COAG Andalucía propone desarrollar campañas de promoción para que quienes nos visitan prueben, valoren y lleven al mundo la calidad de la producción andaluza, abriendo mercados y reforzando la identidad de nuestro modelo agroalimentario.
«Nuestros productos tienen los estándares de calidad más altos del mundo. Tenemos que conseguir que los turistas sean nuestros mejores prescriptores cuando regresen a sus países», ha explicado Ávila.
COAG Andalucía advierte con claridad sobre los riesgos del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea y su impacto sobre la Política Agraria Común (PAC).
«Renacionalizar la PAC es romper Europa. Dejar que cada Estado miembro gestione los fondos agrarios a su manera, sin una estrategia y unas normas comunes sólidas, abre la puerta a distorsiones del mercado interior, a desigualdades profundas entre agricultores de distintos países y a una ruptura de la cohesión territorial y social que tanto ha costado construir», ha afirmado Ávila.
Si el Marco Financiero Plurianual sigue adelante tal como está planteado, se crearían agricultores de primera y de segunda según el país donde vivan, y la PAC dejaría de ser, de facto, una política común. Para los agricultores y ganaderos andaluces, que compiten en el mismo mercado que sus homólogos del norte de Europa, esto no es un debate técnico: es una amenaza directa a su viabilidad.
Por eso, COAG Andalucía exige a los partidos políticos que defiendan en Madrid y en Bruselas el mantenimiento de una PAC genuinamente europea, con fondos suficientes, normas compartidas y mecanismos que garanticen la igualdad de condiciones para todos los agricultores del continente.
Con este paquete de propuestas, COAG Andalucía reafirma su compromiso con un campo andaluz fuerte, moderno y profesional, y confía en que los partidos políticos asuman estas demandas y las traduzcan en medidas concretas durante la próxima legislatura.
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