La flota atunera española, agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), ha propuesto a la Comisión Europea que su norma AENOR Atún de Pesca Responsable (APR) sirva de base para un futuro estándar de exigencias de las importaciones pesqueras de la UE.

La norma APR es la única del sector pesquero mundial que garantiza los derechos sociolaborales a bordo, más allá de los requisitos legales actuales, al basarse en el Convenio 188 de la OIT. Cabe recordar que este último ha sido ratificado, hasta el momento, por tan solo 10 países.

Con esta reivindicación, OPAGAC persigue que la EU garantice a los europeos el consumo de pescado que cumpla unas exigencias mínimas en materia de control, sostenibilidad medioambiental y derechos laborales.

OPAGAC ha trasladado esta demanda a Karmenu Vella, comisario de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, con motivo de su participación en un debate organizado por la CE en la Seafood Expo Global, que se celebra esta semana en Bruselas con la seguridad alimentaria y la dimensión social de la pesca como principales focos de atención.

A este respecto, cabe señalar que la flota atunera española ya trabaja para convertir APR en la base para desarrollar una norma del Comité Europeo de Normalización (CEN), que espera sirva de referente para que el mercado europeo exija estos estándares a las importaciones de atún, así como la extensión de este tipo de normas a todas las flotas a nivel global, con el propósito de erradicar la pesca ilegal.

Según Julio Morón, director gerente de OPAGAC, “las instituciones europeas son responsables de garantizar que los productos pesqueros que llegan al mercado comunitario provengan de flotas legales, es decir, flotas que no permiten la violación de los derechos humanos y prácticas como el esclavismo, el tráfico de personas o la explotación laboral infantil. La lucha contra la pesca ilegal, –continúa Morón–, pasa por la aplicación de las mismas reglas tanto a las flotas europeas como a las extranjeras que surten el mercado europeo, y en este sentido, la UE juega un papel imprescindible, exigiendo y exportando nuestros elevados estándares al resto de la flota internacional”.

La norma APR establece una serie de exigencias en línea con el Convenio 188, tales como retribuciones mínimas, horas de descanso, prevención de riesgos laborales y seguridad social, además de reconocer el derecho a la negociación colectiva. Estas condiciones sociolaborales ya sea aplican a los 1.600 tripulantes -900 de terceros países- de la flota de OPAGAC.

Precisamente esta semana (24 de abril), el Comité de Pesca del Parlamento Europeo ha adoptado el informe de Linnéa Ergström sobre “La aplicación de medidas de control para determinar la conformidad de los productos de la pesca con los criterios de acceso al mercado de la Unión”, en línea con la demanda de OPAGAC, CEPESCA y Europêche de exigir a las importaciones al mercado de la UE los mismos estándares requeridos a la producción de la flota comunitaria. Ahora la Comisión Europea será la encargada de establecer la legislación que corresponda al mandato del Parlamento y desde OPAGAC se confía en que esos estándares reflejen lo recogido en la Norma APR.

FIP con WWF

Además, con motivo de la Seafood Expo Global, la organización atunera ha repasado los avances de su Programa de Mejora de Pesquería (FIP), desarrollado en colaboración con WWF y cuyo objetivo es alcanzar la certificación MSC (Marine Stewardship Council) para las 400.000 toneladas capturadas por su flota, en 2021.

A este respecto, OPAGAC incidió en la necesidad de que ecoetiquetas, como MSC, contemplen la sostenibilidad social e incorporen el estándar laboral establecido por la OIT. “MSC debe abordar el aspecto social, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre ‘Trabajo decente y desarrollo económico’ de la ONU, de lo contrario, fracasará al certificar como sostenibles pesquerías con condiciones sociales deficientes”, señala Morón.