El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto por el que se modifica la norma de calidad relativa a la miel, con el objeto de incorporar a la legislación nacional las modificaciones introducidas en la directiva de la Unión Europea, impulsadas durante la Presidencia española del Consejo en el segundo semestre de 2023 y culminadas en 2024.

Uno de los objetivos de la nueva norma del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es la mejora de la información proporcionada al consumidor sobre el origen de la miel. Así, se establece la obligación de indicar en el campo visual principal de la etiqueta el porcentaje que representa cada uno de los países de origen de la miel, en el caso de las mezclas. 

España fue pionera en la Unión Europea (UE) en la clarificación del etiquetado de origen de la miel, al establecer, desde 2020, la indicación obligatoria en el etiquetado de la lista de los países de origen donde la miel y sus mezclas hayan sido recolectadas. Con la modificación de la directiva europea, se consiguió que además de indicar los países de origen, se especifique también la proporción de cada uno de ellos.

Con la incorporación de esta modificación a la legislación nacional, se pretende proteger y aumentar la competitividad de las mieles de origen español y reforzar el mercado nacional, al dotarlo de mayor transparencia e información, y posicionar los productos frente a las mieles importadas.

La norma garantiza que el producto que llega al consumidor no ha sido desprovisto de las sustancias o ingredientes naturales que le confieren sus propiedades características y cumple con los criterios de composición, calidad y pureza que establece la normativa.

Con esta modificación se elimina la variedad miel filtrada y se establece que, aquella a la que se le haya retirado una parte importante del polen, será considerada miel para uso industrial, y no podrá comercializarse directamente al consumidor final. El polen es un componente clave de la miel y proporciona un vínculo con su origen botánico.

Con todo ello, se pretende garantizar a los consumidores un producto con la máxima calidad, así como una mayor transparencia en cuanto a su origen y características.

El sector apícola tiene una gran relevancia en España, como ponen de manifiesto sus principales indicadores económicos. Con un censo de más de 2,8 millones de colmenas entre los dos sistemas productivos, estante y trashumante, la producción final en 2023 se situó en 27.423 toneladas.

España cuenta con 36.893 explotaciones, de las que alrededor del 17 % son profesionales (las que reúnen más de 150 colmenas), lo que supone el nivel de profesionalización del sector apícola más alto de la Unión Europea. De hecho, el 80 % de la producción procede de la apicultura profesional.

El sector apícola desempeña también una importante función social y de vertebración del territorio en el medio rural, así como medioambiental, por su contribución a la polinización de las distintas especies vegetales.