La acuicultura es una actividad que se desarrolla, total o parcialmente, en espacios que son de dominio público, ya sean marinos o fluviales. Por ello cada establecimiento de acuicultura debe contar con una concesión de ocupación otorgada desde la administración pública competente. Esta circunstancia obliga a la acuicultura, más que a ningún otro sector, a demostrarse medioambientalmente impecable. Así, cada granja está sujeta de inicio a superar un riguroso estudio de impacto ambiental y a cumplir desde ese momento con un exigente plan de vigilancia ambiental que garantiza su respeto al entorno natural.

Lograr una concesión de ocupación del dominio público en España es todo un reto para las empresas de acuicultura que suele requerir entre cuatro y ocho años de papeleos y gestiones, y que en muchas ocasiones ni siguiera se consigue.

La Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) señala que el estancamiento actual de la producción de la acuicultura española de debe a la enorme dificultad para obtener las concesiones de ocupación del dominio público, o para ampliar las concesiones existentes. Es por este motivo que la duración de las concesiones, y sobre todo la posibilidad de su renovación a su finalización, son vitales para hacer rentables las cuantiosas inversiones económicas que requiere una granja de peces.

A este complejo panorama se le suma ahora una nueva e innecesaria barrera administrativa que va a llevar al extremo de lo soportable el legítimo ejercicio de producir comida altamente nutritiva como es el pescado y a precios asequibles para la sociedad, y que pone en riesgo el tejido empresarial sectorial español.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha decidido ser “más papista que el Papa y flagelar a este sector productivo primario con la obligación de someterse a la conocida como Directiva Bolkestein de la Unión Europea (Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior) cuando en los Estados miembros de la UE de nuestro entorno sus gobiernos interpretan de manera radicalmente opuesta esta normativa». Países como Italia, Croacia o Grecia entienden que la acuicultura no es una “actividad de servicios” (como lo pueden ser los chiringuitos en la playa) sino una “actividad productiva primaria” y la excluyen directamente de someterla a la Directiva Bolkestein.

El resultado es que ahora en España el otorgamiento de toda nueva concesión, o la renovación de una anterior, debe sacarse a concurso público, quedando abierta a ser obtenida por cualquier otro inversor o empresa ajena al promotor inicial. A efectos prácticos esto quiere decir que las limitadas concesiones de acuicultura existentes en España podrán ser acaparadas por inversores croatas, griegos o italianos, o lo que es peor por empresarios turcos o tunecinos. Concesiones que son de alto valor porque han demostrado durante años su idoneidad para el cultivo de peces o moluscos. Pero atención porque lo contrario no será posible, es decir, en ningún caso las concesiones de ocupación para acuicultura en esos países estarán disponibles para las empresas españolas.

Ante esta grave situación, todas las granjas de acuicultura en España verán frustrada su legítima expectativa de continuar en su actual ubicación durante el plazo que para ello establece la normativa y obtener una prórroga extraordinaria de su concesión con amparo en la propia Ley de Costas (tras la reforma por Ley 2/2013), así como para continuar mediante la renovación de la concesión. De ese modo no solo peligra la continuidad de empresas determinadas sino el control estratégico de la producción de pescado de acuicultura de nuestro país, y abre la posibilidad de llegada de especuladores que pujarán por acaparar las limitadas concesiones ahora existentes.

APROMAR ha expuesto hace meses su preocupación al MITECO, ministerio que aunque en ese momento no era consciente de la gravedad de su interpretación de la Directiva Bolkestein tampoco está dando pasos para aclarar y resolver el problema que España sola se ha creado. Por otra parte, el asunto ha cogido con el paso cambiado a las administraciones competentes de las comunidades autónomas, que en muchos casos eran completas desconocedoras de la situación.

APROMAR no cesará de reclamar un marco administrativo estable, racional y previsible como única vía posible para fomentar la inversión empresarial y el empleo.

La posición actual del MITECO no ayuda y supone desde nuestro punto de vista un error histórico de ultraliberalización que no debería aplicar a un sector primario productor de alimentos.