La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha denunciado las prisas de la Unión Europea por firmar el acuerdo comercial con Mercosur, un tratado que, según la organización, va en contra de los intereses del sector agrario y de la propia ciudadanía europea.

El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, ha calificado este pacto como “un nuevo engaño a la ciudadanía europea y un mazazo para el campo”. Y lo explica: “Los productos que van a venir de los países de Mercosur ni mucho menos cumplen los estándares de calidad que se nos están exigiendo aquí. En una sociedad cada vez más preocupada por la salud y la alimentación saludable, la UE impone normas estrictas para producir alimentos en nuestro territorio, pero abre las fronteras a importaciones que utilizan sustancias prohibidas en Europa desde hace 20, 30 o 40 años”, ha señalado Ávila.

Desde COAG Andalucía se advierte de que el acuerdo no traerá beneficios a los agricultores europeos, sino graves amenazas para sectores estratégicos como el del aceite de oliva. “Se nos quiere vender que el sector del aceite podrá colocar algo más de producto, pero en realidad abrimos una puerta tremendamente peligrosa. Grandes latifundios de Sudamérica pueden ponerse a producir aceite de un día para otro, con estándares muy inferiores, y competir en igualdad de condiciones con nuestro aceite, que es de una calidad extraordinaria”, ha denunciado el secretario general.

Además, Ávila ha subrayado la incoherencia del acuerdo en términos medioambientales: “Estamos permanentemente hablando de medio ambiente y, sin embargo, vamos a traer productos de la otra punta del mundo en barcos con una huella medioambiental tremenda. La ciudadanía tiene que entender que se nos está tomando el pelo”, ha afirmado.

COAG Andalucía reclama al Gobierno de España y a las instituciones europeas que frenen este tratado, que no solo amenaza al tejido socioeconómico de las zonas rurales andaluzas y europeas, sino que también compromete la salud y la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos europeos. “Es un sinsentido para el interés general, y hay que pararlo”, ha concluido el secretario general.