La subdelegada del Gobierno en Huelva, María  José Rico, el director Provincial del SEPE, Antonio Alvarado, y la jefa de la Oficina de Extranjería, Angelica Alonso, han mantenido una reunión técnica con las asociaciones empresariales, concretamente, representantes de Asaja, Freshuelva, UPA, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, representantes de los Citricultores (ACPH) y representantes de Fresón de Palos, que han conformado este encuentro y que han analizado y coordinado una serie de baremos para la aplicación de la nueva Orden GECCO, que regula la contratación en origen para 2024 y que será continuada con una Comisión Provincial con participación de los sindicatos.

El objetivo principal del encuentro ha sido planificar la manera de realizar esos procedimientos en esta nueva etapa, en el segundo año de aplicación de la reforma del reglamento de extranjería.

Esta Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social regula la gestión colectiva de contrataciones en origen estableciendo que el Ministerio de Inclusión podrá aprobar, de acuerdo con la situación nacional de empleo, una previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de esa vía de gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, a los que sólo tendrán acceso aquellos trabajadores extranjeros que no se hallen o residan en España.

Estos procedimientos están destinados a la cobertura de aquellas vacantes en las que, en atención al resultado del análisis de la situación nacional de empleo, se requiere la contratación de trabajadores extranjeros en origen. Esta contratación podrá realizarse para cubrir puestos de naturaleza estacional, de temporada o campaña, a través de migración circular.

Estos programas de migración circular, que han sido detallados en la reunión, incorporan el modelo de contratación fijo-discontinuo y autorizaciones de cuatro años, que permitirán trabajar a estas personas un máximo de nueve meses por año.

Para 2024, las ofertas se orientan preferentemente a los países con los que España tiene suscritos acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios: Colombia, Ecuador, Marruecos, y Honduras.

En esta edición, la Dirección General de Gestión Migratoria, ha autorizado que las ofertas sean orientadas a otros países, garantizando la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y gratuidad de la participación de los trabajadores en el proceso de selección. Las asociaciones han expuesto sus criterios, así como recopilación de propuestas para la óptima aplicación de esta nueva Norma y su adaptación. Los representantes institucionales han destacado la importancia de un proceso de diálogo continuo para el fomento de la colaboración institucional para la coordinación, valoración y, diseño de estrategias.

Rico ha incidido en que esta campaña, su gestión y consecución, aportará eficiencia y eficacia y que, además incide en principios humanitarios, igualitarios pragmáticos e integradores, que son los objetivos de esta nueva Norma. El sector agrícola ha expresado así mismo su satisfacción por que creen que todos estos principios favorecerán el desarrollo de la campaña, si bien solicitan comunicación y coordinación permanente. También han señalado que la campaña agrícola dará trabajo a más de 100.000 personas con seguridad jurídica.

La subdelegada del Gobierno en Huelva ha manifestado que el objetivo de las administraciones, asociaciones empresariales, es «lograr un equilibrio que garantice la mano de obra necesaria para la recolección y que la contratación en origen, permite el desarrollo de un sector que es clave para la generación de puestos de trabajo y que es uno de los principales pilares de la economía de la provincia de Huelva». También ha subrayado que «el Gobierno está poniendo todo de su parte para que esta norma traslade confianza y seguridad, fidelizando mutuamente la oferta y la demanda estabilizada de empleo”.