Tres organizaciones de productores del sector mar-industria que opera en las costas españolas han realizado un comunicado conjunto en el que muestran gran preocupación porque han conocido que el Ministerio de Transición elabora un Reglamento General de Costas «a espaldas de los afectados» que son precisamente sus socios, concretamente la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), la Asociación Gallega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade) y el Clúster Mar Alimentario (Anfaco-Cecopesca).

En el comunicado indican que este sector alimentario español conforma un complejo mar-industria de fuerte implantación socioeconómica especialmente en las áreas costeras rurales, por sus propias características se halla obligado a ubicarse en la franja costera, y muestran su «profunda preocupación» ante el anteproyecto de dicho Reglamento, sobre el que puntualizan que:

1. Ha sido elaborado por sorpresa y a espaldas de los sectores directamente afectados por la radical reforma que resulta de su texto
2. A todas luces parece ser la antesala de una reforma de gran calado de la Ley de Costas, una norma crucial para la pervivencia de los múltiples sectores económicos que dependen directa e indirectamente de la ocupación de una parte del dominio público marítimo y marítimo terrestre.
3. Parece motivada exclusivamente por razones ideológicas, al partir de la premisa errónea de que la ocupación parcial de estas ubicaciones por los sectores que lo vienen ocupando tradicionalmente no forma parte del interés público ligado al dominio público y es incompatible con su disfrute recreativo por la sociedad en general.
4. Frente a ello, el complejo mar industria español expone su contrariedad y preocupación ante un cambio de reglas de juego que carece de verdadero sustento y motivación: los sectores vinculados al mar tenemos  más que acreditada la plena sostenibilidad medioambiental de nuestras instalaciones, formamos parte como actividades a menudo tradicionales del tejido económico productivo de nuestras comunidades, y somos parte sustancial de la cohesión social e ínter territorial de las regiones costeras, en una perfecta simbiosis que forma parte de la idiosincrasia local y no puede ser soslayada por razones absolutamente injustificadas como las que parecen estar en la base de la reforma en ciernes.

Plataformas para desarrollar la acuicultura en alta mar.

En el año 2013 se promulgó la LEY 2/2013 que introdujo una modificación parcial de la Ley de Costas de 1988, creando una figura ampliamente demandada por los usuarios legítimos del dominio público marítimo terrestre cuya actividad se halla indisolublemente ligada a su ubicación en la franja costera: las prórrogas extraordinarias de las concesiones de ocupación de dominio público marítimo terrestre que estaban a punto de caducar definitivamente. Estas venían a aumentar las prórrogas “ordinarias”, es decir las ya previstas en el título de otorgamiento de la concesión, que en la mayoría de los casos, entre la inicial y las prórrogas ordinarias, podrían alcanzar de media los 30 años.

La Ley no concretó ningún plazo, y lo dejó para una futura modificación de su Reglamento, que efectivamente fue aprobada al año siguiente (REAL DECRETO 876/2014), y estableció para suelo marítimo-terrestre un máximo de 40 años para la prórroga extraordinaria… contados desde la fecha de la solicitud de la prórroga en cuestión. No desde la fecha inicial de la concesión que se prorroga.  

Nada más aprobarse dicha ley, algunas Comunidades Autónomas fueron adaptando su propia legislación para crear la figura paralela de la prórroga de sus permisos de actividad, en paralelo a las prórrogas extra de las concesiones introducidas en 2013.

Partiendo de dicha normativa, el Ministerio de Medio Ambiente fue emitiendo informes favorables aplicando el cómputo de duración que establece la ley y su reglamento, y desde la fecha en que lo establece: hasta 40 años de prórroga extraordinaria, que comenzaban a contar desde el momento en que esta se solicitaba. 

Sin embargo, hace dos años empezaron a saltar las alarmas. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar cambió el criterio y las resoluciones comenzaron a llegar con hasta 40 años de ampliación de la concesión, pero a ese período había que descontar los años que ya se habían disfrutado durante el período de vigencia ordinaria de la concesión. Es decir, no empezaba a contar desde la solicitud de la prórroga, sino desde la concesión original, con lo que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar está escatimando una media de 30 años a las concesiones y poniendo con ello en riesgo la viabilidad de las inversiones y el empleo.

Todo ello se basa en un informe de la Abogacía del Estado hecho a medida de la reinterpretación restrictiva propiciada desde el ejecutivo, y se funda en un argumentario altamente discutible, al basarse en una ley  (la del Patrimonio de las Administraciones Públicas) objetivamente inaplicable, y en una referencia a los convenios internaciones medioambientalistas excesivamente genérica y abstracta, sin tener en cuenta para nada la valoración de la sostenibilidad de cada proyecto en particular.