El sector pesquero español, representado por Cepesca, ha iniciado el curso político expresando su inquietud por las consecuencias que puede tener para el sector el cambio de enfoque de Bruselas sobre los fondos para la pesca propuestos por la Comisión Europea (CE) dentro del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Concretamente, la propuesta no sólo los reduce en un 67% (de 6.100 a 2.000 millones de euros), sino que además pierden su especificidad al ser integrados en el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad, junto a otras actividades.

Según el sector, esta aproximación diluye la identidad y personalidad de la actividad pesquera como sector económico y estratégico para la UE, aspecto muy negativo si se tiene en cuenta, por ejemplo, el grave problema de relevo generacional que padece. Igualmente, el sector recuerda que la pesca es una de las pocas políticas comunes de la UE, por lo que no entiende la ausencia de un presupuesto específico y cree que este enfoque debilitará la competitividad de la flota europea, encarecerá el precio de los productos pesqueros y aumentará la dependencia de las importaciones.

Apunta el sector que en la propuesta legislativa de la Comisión Europea, que establece en su artículo 10 un presupuesto único para agricultura y pesca, no se especifica a fecha de hoy cantidad alguna para el sector y demanda su concreción formal. Cabe recordar que, con 8.432 buques, 30.494 tripulantes y unas capturas de 765.638 toneladas (22% del total de la flota comunitaria), España es líder pesquero en la UE.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “tenemos por delante dos años de negociaciones y deseamos que, tanto nuestro gobierno como el de otros países con gran tradición pesquera, articulemos un frente común para garantizar una cofinanciación armonizada que permita abordar la modernización, la sostenibilidad y la seguridad de la flota pesquera en condiciones de igualdad entre estados miembros, única fórmula para que la pesca europea sea competitiva frente al mundo”.

Plan de acción urgente para las flotas de altura y gran altura

El sector también quiere hacer frente durante este curso político a los problemas de la flota de altura y gran altura y ha solicitado abordar un plan de acción urgente al Gobierno. Según el sector, estas flotas atraviesan una situación que califica como crítica debido a una acumulación de cinco factores “adversos”: recortes de posibilidades de pesca, competencia desleal de terceros países, falta de relevo generacional, alta fiscalidad y elevados costes de explotación.

Según el sector, este plan debería contener incentivos fiscales y laborales para las tripulaciones, facilitar la renovación y modernización tecnológica de la flota, promover políticas activas de formación y relevo generacional, impulsar la recuperación del consumo de productos del mar, reforzar los controles sobre importaciones pesqueras y una defensa firme de los intereses pesqueros de España.

Cepesca, que ha transmitido al Gobierno su preocupación por la pérdida de rentabilidad del sector pesquero español y de competitividad frente a las importaciones de terceros países, propone la creación de un Registro Especial para barcos y tripulantes de altura y gran altura, que permita establecer un marco con condiciones específicas de fiscalidad, seguridad social y operatividad adaptadas a su naturaleza internacional.

Según Julio Morón, presidente de Cepesca, “no tiene ningún sentido que nuestros pescadores se vean obligados a embarcarse en barcos de otras banderas porque el sistema fiscal español no es competitivo. Este hecho -añade Morón-, no puede seguir ocurriendo si queremos garantizar el futuro de la flota y de los productos pesqueros de calidad”.

Cepesca recuerda que estas flotas, que faenan en aguas internacionales y de terceros países, representan uno de los pilares estratégicos del sector pesquero español y que su viabilidad condiciona el abastecimiento de pescado, el empleo en los puertos base y la defensa de los intereses europeos en los caladeros exteriores.

Mediterráneo, negociación crucial en el mes de diciembre

Otro de los temas acuciantes para el sector pesquero en el presente curso político lo constituye el Mediterráneo[2]  debido a que la situación, apuntan los pescadores, con una clara mejoría de las poblaciones de peces, debería traducirse en un aumento de los días de pesca y en la eliminación de las cuotas de gamba roja en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE que se celebrará los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas.

El sector pesquero español ha cumplido al 100% las exigencias de Bruselas, cambiando los copos de las redes en la práctica totalidad de la flota arrastrera (con un coste de 3.500 euros por embarcación con dos copos y 7.000 euros para las de cuatro copos) siendo ahora más selectivas o con la instalación de puertas voladoras en unas 200 embarcaciones.

Especialmente limitante resulta el TAC impuesto a la gamba roja, especie de referencia, dentro del plan plurianual para el Mediterráneo, “ya que si ya está sujeta a la gestión en base al esfuerzo pesquero, no tiene sentido que haya una doble medida, especialmente cuando la población se encuentra en buen estado. Lo lógico sería eliminar la cuota”, apunta el sector, que en 2025 dispondrá de un cupo total de gamba roja de 710 toneladas, lo que, a su juicio, obligará a muchos buques a tener que paralizar la actividad antes de que finalice el año.

Cabe recordar que, desde la entrada en vigor en 2020 del Reglamento Comunitario y del Plan Plurianual de Pesca Demersal (MAP), la flota del Mediterráneo ha perdido más de un 40% de sus días de actividad y un 20% de las capturas de gamba roja, recurso emblemático de estas pesquerías. A ello se sumó en 2024 la propuesta inicial de la CE de recortar un 79% los días de pesca, lo que habría dejado a cada buque con apenas 27 jornadas al año de media y que solo tras una dura negociación pudo reconducirse para mantener los días del comienzo del año anterior.

Nueva legislatura europea

Cepesca valora el tono dialogante del nuevo comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, y las iniciativas como el Pacto Europeo del Océano, la Visión 2040 para la pesca o la revisión de la PPC. Sin embargo, insiste en que las palabras deben traducirse en acciones inmediatas que mejoren la situación real del sector.

El sector insiste en la desproporcionalidad y falta de rigor científico del cierre de 87 zonas a la pesca de fondo (arrastre, palangre y enmalle) en el Atlántico nordeste, medida que entró en vigor en octubre de 2022, teóricamente para proteger ecosistemas marinos vulnerables (EMV) y frente a la que, un mes después, Gobierno y OPP Burela interpusieron recurso, desestimados por el Tribunal General de la UE (TGUE) el pasado junio. Ante este fallo, el Gobierno ha vuelto a presentar en julio un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, con el objetivo de anular la sentencia del TGUE y revertir la prohibición, acción que Cepesca reconoce y aplaude.