España ha defendido el papel fundamental de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y terceros países como instrumento clave de cooperación económica. Estos acuerdos garantizan a la flota comunitaria el acceso a los recursos excedentarios, al tiempo que contribuyen al desarrollo económico y a la industria pesquera local, así como a la buena gobernanza de los océanos.

Así lo ha señalado el director general de Pesca Sostenible, Ramón de la Figuera, durante su participación en la sexta jornada anual organizada por la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Cefalópodos (Anacef), celebrada en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, bajo el lema “Componente biológico y biodiversidad en las pesquerías de la Organización de Productores (OP) Anacef”.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, científicos, expertos y profesionales del sector para analizar la gestión de las pesquerías de la flota comunitaria y española en el marco de los acuerdos de pesca con África Occidental y en aguas internacionales del Atlántico suroccidental.

Durante la jornada se ha reiterado la importancia del conocimiento científico como base para la toma de decisiones en materia de gestión pesquera sostenible, un compromiso que mantiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde hace años.

En este sentido, la Secretaría General de Pesca, en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, desarrolla desde hace décadas campañas y proyectos de investigación orientados al seguimiento de las pesquerías, al estudio de su impacto sobre los ecosistemas y a la protección de ecosistemas marinos vulnerables.

Acuerdo

Los acuerdos de cooperación para la pesca sostenible constituyen uno de los pilares fundamentales de la política exterior de pesca de la Unión Europea. Permiten a la flota comunitaria acceder a aguas de terceros países para explotar recursos excedentarios, lo que contribuye a mantener una flota española competitiva y sostenible, que opera bajo plena seguridad jurídica.

Actualmente, existen 12 acuerdos con protocolos vigentes, incluido el de Santo Tomé y Príncipe, cuya entrada en vigor se espera en las próximas semanas. De estos, seis corresponden a países de África Occidental. Además, hay nueve acuerdos “durmientes” sin protocolo en vigor.