España está considerada un referente internacional en regadío modernizado, lo que le lleva a liderar, junto con Israel, el ahorro de recursos hídricos para uso agrario a nivel mundial. Concretamente, nuestro país ha reducido un 20% al año el consumo nacional de agua de riego, lo que en términos de volumen supone un ahorro de más de 1.200 hectómetros cúbicos anuales o, lo que es lo mismo, 1.200 campos de fútbol del tamaño del Santiago Bernabeu, según un estudio presentado por la Federación Nacional de Regantes (Fenacore), con motivo del II Foro Mediterráneo del Agua, que se celebra hasta el jueves en Murcia.

Con estas credenciales, España representa un espejo en el que debe mirarse el entorno internacional para alcanzar un mejor uso de los recursos agrícolas en un contexto con cada vez menos agua y tierra per capita; precisamente, tema central de esta cumbre internacional que reunirá a más de 350 representantes de países de Europa, Norte de África y Oriente Próximo.

De hecho, en una comparativa entre los países más representativos de estas regiones -donde los cultivos agrícolas tienen un peso significativo en su economía-, España se sitúa a la cabeza en capacidad de producir más con menos agua, al tener casi la mitad de su extensión regable (48%) dotada con sistemas de riego localizado, considerado el más eficiente por su bajo consumo. Concretamente, de las 331 millones de hectáreas de superficie regable en todo el mundo, apenas un 6% cuenta con este tipo de sistemas.

Durante este encuentro internacional, antesala del VII Foro Mundial del Agua que tendrá lugar el próximo mes de abril en Corea del Sur, el presidente de Fenacore y de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC), Andrés del Campo, pondrá de manifiesto cómo la transformación de los sistemas de riego por gravedad a mecanismos de riego por presión (aspersión, goteo, etc.) han permitido dar un giro de 180 grados a la gestión de los recursos hídricos.

Sin embargo, y a pesar de lo llamativo de las cifras, actualmente estos sistemas de riego en España resultan económicamente inviables, ya que lo proyectos se diseñaron en función de un costes energéticos que después se han multiplicado exponencialmente. Concretamente, la electricidad se ha encarecido más de un 100% desde 2008, siendo los costes fijos –que deben pagar utilicen o no el servicio- más del 70% de la factura, lo que hoy por hoy impide amortizar la inversión de más de 6.000 millones de euros acometida hasta la fecha.

De esta forma, la luz representa ahora más del 40% de los costes relacionados con el agua, lo que hace insostenible el regadío a pesar de ser el garante de los alimentos básicos. De hecho, organismos internacionales como la FAO insisten en la necesidad de aumentar su producción más de un 40% antes del año 2030 y más de un 70% antes de 2050, argumentando que estos cultivos producen cinco veces más que los de secano. De hecho, aunque ocupan sólo el 15% de la extensión total son responsables del 60% de la producción final agraria.

Doble eficiencia: hidráulica y energética

Por esta razón, Fenacore llama la atención sobre la necesidad de alcanzar una eficiencia tanto hidráulica como energética en el regadío si se quiere realmente conseguir un mejor uso del agua que garantice el abastecimiento de los mercados a precios competitivos. Concretamente, las Administraciones deben tener en cuenta la confluencia de, por un lado, infraestructuras de riego modernizadas, pero de bajo consumo eléctrico y, por otro, el desarrollo de cultivos con menos necesidades de agua y mayor tolerancia a las plagas (biotecnología).

En este sentido, para avanzar en las más de un millón de hectáreas que todavía quedan sin modernizar en España y minimizar los gastos de electricidad derivados de este proceso es necesario modificar el escenario tarifario actual, permitiendo a los regantes, por ejemplo, pagar sólo por la potencia utilizado y no por la teórica contratada o favoreciendo la producción de energías renovables para autoconsumo a partir de sus propios recursos.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “la articulación de la normativa adecuada para facilitar a las comunidades de regantes la producción de energía distribuida cerca de los centros de consumo, eliminado las trabas administrativas actuales, también sería una alternativa eficaz para conseguir que el binomio agua-energía sea realmente una realidad en España”.