La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y el director general de Asuntos Marítimos, Pesca y Acuicultura de Francia, Eric Banel, han mantenido hoy una reunión en Madrid para coordinar posiciones de cara al Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) que decidirá, en diciembre, la modificación del  plan plurianual para el Mediterráneo y los totales admisibles de captura (TAC) y cuotas para 2026.

Artime ha insistido en la necesidad de que la Comisión Europea reconozca el enorme esfuerzo realizado por el sector pesquero del Mediterráneo y tenga en cuenta también las buenas perspectivas científicas para garantizar que las decisiones políticas se basen en datos sólidos.

La reunión ha permitido igualmente avanzar en otros temas de gran importancia estratégica, como el inicio de las negociaciones de la financiación de la Política Pesquera Común en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. En este punto, ambos países han coincidido en la necesidad de solicitar a la Comisión ambición política y presupuestaria suficiente para garantizar un instrumento financiero sólido y mantener la identidad específica de la Política Pesquera Común, necesarias para acompañar la transición sostenible del sector pesquero.

Asimismo, la secretaria general de Pesca ha solicitado el apoyo de Francia al recurso de casación presentado por España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General sobre los cierres a la pesca de Ecosistemas Marinos Vulnerables (VME). España considera fundamental que en este expediente se reconozca el impacto socioeconómico de las prohibiciones adoptadas. Precisamente el Consejo ha informado oficialmente hoy a los Estados miembros sobre dichos recursos de casación, lo que permite a España solicitar apoyo formal al resto de países.

Entre los demás asuntos tratados, se ha destacado la necesidad de una reforma y simplificación de la Política Pesquera Común que permita responder mejor a los retos actuales de la pesca europea.

Esta reunión bilateral refuerza el compromiso de España y Francia de actuar conjuntamente en defensa de un modelo pesquero equilibrado, que conjugue la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica y social de sus flotas y comunidades costeras.