La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), como organización representativa de las denominaciones de origen de vino a nivel nacional a la que pertenece las denominaciones de origen protegidas Condado de Huelva, hace constar públicamente su comprensión y apoyo a buena parte de las reivindicaciones de los agricultores y de las agricultoras de nuestro país y, en especial, de los viticultores/as. Asimismo, la asociación quiere dejar claro que las protestas que se vienen produciendo en las últimas semanas son legítimas, siempre que se produzcan desde el respeto a la legalidad, y que las medidas que demandan los trabajadores del sector agrario deben ser cuestiones profesionales, ajenas a cualquier otro interés.

CECRV considera que las reivindicaciones del sector agrario deben recibir respuestas y compromisos claros y firmes con medidas concretas por parte de las Administraciones Públicas de diferentes niveles competenciales: Comunidades Autónomas, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Comisión Europea.

Para CECRV es «razonable y exigible que los productores agrarios de nuestro país (y el resto de eslabones de la cadena alimentaria) no vendan a pérdidas, que sus productos puedan competir en igualdad de condiciones con productos de países terceros, que se sienten las bases para garantizar el relevo generacional y el futuro de su actividad, que se modernicen las infraestructuras de las zonas rurales en las que viven y trabajan, que se les ayude a combatir los efectos del cambio climático, a mitigarlo y a adaptarse a él y que se reduzca/simplifique la carga administrativa a la que están sometidos».

Por ello, CECRV apoya las siguientes demandas de los agricultores y en especial de los viticultores de nuestro país:

• Mejorar la aplicación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, para que se garantice su efectividad y su propósito: que ningún eslabón de la cadena venda por debajo de su coste de producción.
• Igualdad de condiciones con los productos agroalimentarios importados que se producen en terceros países. En defensa de los consumidores y para que haya una competencia leal entre los productos agroalimentarios de la Unión y los de esos países, todos deberían cumplir las mismas condiciones sanitarias, de calidad y medioambientales. Cabe asimismo extremar los controles sobre las importaciones de países extracomunitarios que no tienen los mismos requisitos medioambientales y sociales.
• Apostar de manera decidida por políticas que promuevan el relevo generacional en el campo. El campo debe ser atractivo para nuestros jóvenes. Y no lo parece. Por la falta de rentabilidad. Por la falta de infraestructuras y servicios que afectan a muchas zonas rurales. Y por la falta de reconocimiento social de la agricultura como actividad.
• Más flexibilidad, más formación y más ayudas para la implementación de aquellas medidas de la Política Agraria Común (PAC) y de las políticas de protección del medio ambiente puestas en marcha por la UE que supongan cambios relevantes en la forma de trabajar el campo.
• Racionalizar la carga administrativa y burocrática. Las administraciones públicas, tanto las autonómicas, como las nacionales y las de la UE, obligan a los profesionales del campo a proporcionar gran cantidad de información sobre la actividad que realizan, en múltiples formatos y de forma a menudo descoordinada y solapada.

Para todo ello es necesario que las administraciones públicas redoblen sus esfuerzos para contar con el concurso y el acuerdo de los agricultores para la elaboración de las políticas públicas que les afectan. Pero también que la agricultura sea una política de Estado, con mayúsculas, en tanto que actividad esencial y estratégica para la sociedad, y que esta se aborde desde una mirada a largo plazo, con un modelo compartido por todos sus actores.