Las organizaciones profesionales agrarias españolas ASAJA, COAG y UPA se han unido para exigir acciones urgentes que eviten que la vendimia 2020 sea recordada como una de las más ruinosas de la historia. Sus reclamaciones se dirigen en dos sentidos: por un lado, hacia los bodegueros que compran las uvas; y por otro, a los Gobiernos, central y autonómicos.

A los compradores de uva, los agricultores les reclaman que cumplan la Ley de la cadena alimentaria, fundamentalmente en lo referente al precio al que pagan las uvas. Algunas bodegas están actuando “con coacciones y de forma desleal”, obligando al productor a manifestar expresamente que no vende la uva a un precio inferior a sus propios costes de producción. “Una práctica inmoral e ilegal”, afirman.

Los precios que se están pagando son hasta un 30% inferiores a los del pasado año. Para el sector no hay causas que justifiquen dicha caída: las previsiones para la vendimia 2020 hablan de una producción menor a las estimaciones iniciales, en torno a los 41-43 millones de hectolitros, en línea con la media de las últimas cinco campañas. Las existencias a final de campaña de vino y mosto son de 36,6 millones de hectolitros, inferiores en un 6,7% a las de la anterior campaña.

Mañana miércoles, las organizaciones agrarias acudirán al Ministerio de Agricultura, donde defenderán una serie de propuestas y medidas, que han recogido en un documento, entre las que se incluyen:

• Costes de producción: ASAJA, COAG y UPA demandan a las Administraciones que clarifiquen cómo determinar los costes de producción que el precio debe cubrir, haciendo referencia a las distintas zonas de producción, variedades, formas productivas…
• Controles de la AICA: el sector demanda más controles por parte del Gobierno para verificar el cumplimiento de la Ley.
• Planes de ayudas: las ayudas europeas son necesarias, pero no suficientes. Las Comunidades Autónomas y el Gobierno deben destinar fondos específicos para salvar al sector del vino de la crisis que atraviesa. Países competidores de España, como Francia o Italia, ya lo han hecho, por lo que urge evitar que se produzca una situación de competencia desleal.
• Ayudas de mínimis: en tiempo de crisis se pueden otorgar ayudas estatales de hasta 20.000 euros por explotación en tres años, pudiéndose aumentar incluso hasta 25.000 euros).
• Ayudas por la covid-19: La normativa europea permite destinar hasta 7.000 euros por agricultor para ayudar a los afectados por la crisis de la covid-19, utilizando fondos de desarrollo rural no gastados.
• Retirada de producto: los agricultores piden incrementar las prestaciones vínicas al 15%, frente al 10% actual. Esto es el volumen de alcohol que deben tener los subproductos finales. En la práctica implicaría retirar más producto y que no vaya a vino.