Los agricultores y ganaderos andaluces «somos los primeros defensores de nuestros montes y somos garantes de la protección y la buena gestión del patrimonio forestal andaluz». Y así lo ha puesto de manifiesto el vicesecretario general de Desarrollo Rural y Agua de UPA Andalucía, Roque García Simón, en su comparecencia en el Parlamento sobre el proyecto de la Ley de Montes de Andalucía que está ultimando la Junta.

“La Ley tiene que garantizar la gestión sostenible y contribuir a la adaptación al cambio climático. Y para eso es necesario un consenso general entre todos los agentes implicados, puesto que hay que hacer compatibles la agricultura, la ganadería y la conservación del medio ambiente”, ha expresado Roque García Simón. El vicesecretario general de UPA Andalucía argumentó: “Partimos de la premisa de que es necesaria la conservación, protección y mejora forestal, pero se debe establecer una flexibilización que respecto de los usos y de las actividades que hayan de establecerse en función de la conservación de los componentes del patrimonio natural y la biodiversidad. El régimen de autorizaciones debe realizarse de forma que no acarree una elevada carga burocrática para agricultores y ganaderos”.

Roque García Simón dejó muy claro nuestra apreciación de que los montes “prestan servicios al ecosistema, como la fijación de CO₂, la prevención de la erosión, la mejora de la cantidad y calidad del agua, la generación de paisajes de alto valor y el mantenimiento de la biodiversidad”, pero también alertó del “mayor protagonismo de los montes de propiedad privada”. “La futura Ley abre la puerta a mayores incentivos para propietarios que gestionen sus montes de forma sostenible. Lo que se esperamos es que esto puede facilitar que agricultores y ganaderos con terrenos forestales no queden excluidos de ayudas o programas de gestión sostenible que antes estaban dirigidos a montes públicos o forestales tradicionales”, puntualizó.

UPA Andalucía se muestra satisfecha porque el texto del proyecto de Ley refuerza, explícitamente, el papel de la ganadería extensiva como parte integral del paisaje forestal, “sobre todo por su contribución a la prevención de incendios, la gestión sostenible del monte y la fijación de población en zonas rurales”, pero reclama “mayor claridad normativa para que la ganadería extensiva opere en montes sin obstáculos legales innecesarios, así como incentivos y ayudas específicas a actividades ganaderas que contribuyan a la conservación del monte”.

Desde UPA Andalucía creen, además, que la Ley debe recoger claramente medidas que favorezcan prácticas agroforestales, como cultivos asociados a sistemas forestales, recuperación de sistemas tradicionales, etcétera; y que la creación del Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad como órgano colegiado de participación administrativa establezca los representantes de las administraciones, así como de los agentes, “como determina la Ley Forestal aun en vigor. Además, echamos en falta en el texto las funciones de dicho Consejo”, ha concretado Roque García Simón.

UPA Andalucía califica como “una mejora” la inclusión en la norma del Registro de Montes Públicos de Andalucía, que tiene efectos declarativos y de publicidad, lo que supone acreditar que un monte pertenece a una administración pública, reforzar su protección legal frente a ocupaciones indebidas o cambios de uso no autorizados y ayudar a evitar conflictos de propiedad y a asegurar la gestión correcta por parte de la administración titular.

Cuestiones sobre las que UPA Andalucía también reclama su inclusión en la Ley son “actividades o utilización del monte como espacio o soporte físico que no implique pérdida permanente de la cubierta vegetal, así como las actuaciones aplicadas a los sistemas forestales dirigidas a favorecer su evolución y desarrollo; la asunción de la competencia en materia de prevención de incendios por parte de la Consejería con responsabilidad forestal; que los planes de actuación para la restauración de los montes tengan un periodo de exposición pública para que la sociedad en general pueda añadir sugerencias y alegaciones; y que las agrupaciones para el desarrollo forestal sean entidades colaborativas de los propietarios de montes y municipios y que, en definitiva, la toma de decisiones se lleve a cabo por las personas que están en el territorio».

“En definitiva, desde UPA Andalucía entendemos que la agricultura y el medio ambiente deben convivir de forma compatible. Ambos son patrimonio social, medioambiental, cultural y económico de nuestra tierra”, ha concluido Roque García Simón.