El sector vitivinícola español y europeo están atravesando una grave crisis, fundamentalmente desde el punto de vista del mercado, y es preciso adoptar medidas y apoyos económicos que hagan frente a esta problemática para evitar el fuerte impacto que están sufriendo los viticultores, y en especial las explotaciones de carácter familiar en este contexto y que afectan notablemente a su rentabilidad y en algunos casos hasta a su viabilidad.

La Comisión Europea presentó una serie de propuestas legislativas para el sector vitivinícola el pasado 28 de marzo, dichas propuestas plantean la modificación de tres reglamentos e incluyen varias de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel, aunque quedan pendientes otras recomendaciones para que sean trasladadas a la normativa comunitaria y española.

Ayer, 19 de junio, el Consejo abordó este “paquete legislativo vino” y se mostró de manera general a favor, planteando algunas modificaciones. Ahora quedan pendientes las negociaciones con el Parlamento Europeo.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha valorado positivamente el conjunto de recomendaciones aprobadas por el Grupo de Alto Nivel (compuesto por la Comisión Europea y el conjunto de Estados miembros de la UE). Cuestiones como impulsar la competitividad del sector, medidas para reducir la oferta (arranques, cosecha en verde…), mejorar la resiliencia ante el impacto del cambio climático, flexibilizar las autorizaciones para las nuevas plantaciones de viñedo, establecer un etiquetado armonizado en los vinos, potenciar los vinos sin alcohol o con bajo contenido –y armonizar su etiquetado-, y promocionar el turismo enológico para revitalizar también el medio rural.

Falta presupuesto

Aun estando a favor de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel, y de la mayor parte de las propuestas contenidas en el “paquete legislativo vino” en debate y tramitación en estos momentos, UPA ha señalado que es imprescindible que se apoyen con fondos públicos europeos las medidas que se puedan establecer ante la crisis actual y referidas al arranque de viñedo y a la cosecha en verde, y no dejar exclusivamente ese apoyo financiero a los Estados miembros. “Si la propia Comisión Europea ha reconocido la gravedad de la crisis estructural que atraviesa el sector vitivinícola, es necesario, no solamente cambios legislativos que hagan frente a dicho problema, sino también un apoyo financiero”, aseguran.

UPA asegura que faltan cuestiones como que los fondos de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) recogidas en el PEPAC se puedan utilizar en posteriores anualidades en caso de no haberse gastado en su totalidad en el año correspondiente. Así como que en caso de tener fondos no utilizados en la ISV, estos se puedan utilizar para apoyar la medida de arranque de viñedo.

En lo relativo a la propuesta de la Comisión de incrementar el porcentaje de financiación hasta el 80% para la lucha contra el cambio climático, ya sea en adaptación o en mitigación, UPA reclama que en la ISV en España se amplíe esta medida para que se puedan acoger también los viticultores en sus explotaciones de viñedo, dado que actualmente esta medida solo está contemplada en la normativa española para las inversiones en las bodegas, lo cual se considera desde UPA un agravio muy importante, que supone eliminar a los viticultores de poder acceder a ese tipo de ayudas, por lo que ese incremento de porcentaje que propone la Comisión sería inútil de cara a las explotaciones vitícolas, a pesar de ser las más perjudicadas por el gran impacto que está teniendo los efectos del cambio climático en el viñedo y en la rentabilidad de las explotaciones (sequías, granizos, inundaciones, olas de calor, etc).

“Proponemos también que el incremento del 80% que propone la Comisión para medidas en adaptación y mitigación para luchar contra el cambio climático, se incluya en la medida de reestructuración en aquellas acciones que tengan por objeto ese fin, como por ejemplo el cambio a variedades más adaptadas a los efectos del cambio climático”, han concluido.